La economía chilena atraviesa un periodo de profunda debilidad que se manifiesta incluso en el consumo de alimentos básicos. El aumento del costo de vida, la inflación persistente y una tasa de desempleo que alcanza el 9.5% —el nivel más alto en cinco años— están presionando la capacidad de gasto de las familias, situando al país en el umbral de una recesión tras dos trimestres de contracción económica.
Este deterioro financiero se observa directamente en la cotidianidad de los ciudadanos. Un ejemplo claro es el incremento en el precio del «completo», un alimento tradicionalmente accesible en Santiago. Estudiantes y trabajadores reportan que lo que antes costaba cerca de 2,500 pesos chilenos, ahora puede alcanzar los 4,000 pesos, reflejando una pérdida de poder adquisitivo que no es compensada por los salarios.
Indicadores económicos en rojo
Las cifras oficiales confirman la gravedad del panorama. La inflación anual ha superado el 4%, impulsada por el alza en combustibles, transporte y alimentos. Ante este escenario, el Banco Central de Chile ha tenido que recortar sus proyecciones de crecimiento para 2026, pasando de una expansión estimada de hasta 1.75% a apenas un rango de entre 0.25% y 0.75%.
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, admitió que la debilidad económica podría prolongarse más de lo previsto. A esto se suma que la canasta básica de alimentos subió un 5% respecto al año anterior, situándose en los 92,327 pesos chilenos, mientras que el salario mínimo apenas alcanza los 553,553 pesos.
Respuesta del Gobierno de Kast
Frente a la creciente frustración social, el presidente José Antonio Kast ha buscado implementar una agenda de reactivación para estimular la inversión y el empleo. El mandatario reconoció que la inflación es mayor a la esperada y que el crecimiento es inferior a las proyecciones, por lo que ordenó la preparación de un plan de «emergencia laboral».
La senadora Andrea Balladares, quien preside el partido Renovación Nacional, señaló que el oficialismo se enfocará en tres ejes: empleo, costo de vida y medidas contra el deterioro económico. Paralelamente, el Gobierno impulsa reformas económicas y tributarias que buscan reducir impuestos a grandes empresas para incentivar la inversión, aunque estas aún enfrentan revisiones del Tribunal Constitucional.
Reformas y riesgos sociales
Entre las propuestas legislativas se encuentran medidas para proteger a los consumidores, como el «derecho al olvido financiero» y la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses). Sin embargo, analistas como Guillermo Holzmann advierten que existe una desconexión entre las políticas gubernamentales y la realidad de los hogares.
La falta de una mejora perceptible en los ingresos de las familias podría transformar la crisis económica en un conflicto social mayor, dado que el costo de la vida sigue subiendo mientras las remuneraciones se mantienen rezagadas respecto a la inflación y los servicios básicos.
