El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027 que contempla un aumento sin precedentes en el gasto militar, elevándolo a 1.5 billones de dólares, mientras recorta de manera significativa los fondos destinados a programas de salud, educación, vivienda y medio ambiente.
Prioridades presupuestarias del gobierno
El plan, hecho público el viernes, representa un incremento de aproximadamente el 44% en el presupuesto del Pentágono comparado con el año anterior. Para financiar esta expansión militar, el proyecto contempla una reducción del 10% en el gasto de programas federales no relacionados con la defensa, sujeto a la aprobación del Congreso.
En declaraciones previas a un discurso sobre la guerra con Irán, Trump dejó clara su postura durante un evento en la Casa Blanca:
«Estamos peleando guerras. No podemos ocuparnos del cuidado infantil»
, señalando que responsabilidades como Medicaid, Medicare y otros programas sociales deberían manejarse a nivel estatal y no federal.
Detalles de los recortes propuestos
Los recortes afectarían a múltiples agencias. El Departamento de Salud y Servicios Humanos vería una disminución cercana al 12%, incluyendo un programa de asistencia para calefacción de personas con bajos ingresos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano enfrentaría un recorte del 13%, y el Departamento de Agricultura una reducción del 19%, lo que pondría fin a ciertas subvenciones universitarias.
La propuesta también cancela más de 15,000 millones de dólares asignados por una ley bipartidista de infraestructura de la era Biden, fondos dirigidos a proyectos de energía renovable, y realiza recortes a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Enfoque en aplicación de la ley e inmigración
Por otro lado, el presupuesto prioriza el aumento de fondos para operaciones de aplicación de leyes migratorias y deportación, manteniendo el nivel actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También propone utilizar aumentos previos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ampliar centros de detención, con capacidad para 100,000 adultos y 30,000 familias.
El Departamento de Justicia recibiría un aumento del 13% en su financiación para enfocarse en delincuentes violentos y lo que la Casa Blanca denomina «crímenes de los migrantes».
Reacciones políticas divididas
La respuesta en el Congreso ha seguido líneas partidistas. Líderes republicanos en los comités de Servicios Armados apoyaron la solicitud, argumentando que es necesaria para enfrentar «amenazas crecientes» y mantener la superioridad militar de Estados Unidos.
En contraste, demócratas como el representante Brendan Boyle criticaron la propuesta, calificándola de «Estados Unidos al final» y señalando que recorta miles de millones de dólares de atención médica y vivienda. La senadora Patty Murray, principal demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, la tachó de «moralmente en bancarrota».
Contexto fiscal y proceso legislativo
La propuesta llega en un contexto de déficits anuales cercanos a los 2 billones de dólares y una deuda nacional que supera los 39 billones. El gobierno de Trump confía en sus aliados republicanos, que controlan el Congreso, para impulsar parte del aumento en defensa mediante procesos presupuestarios que pueden avanzar con mayoría partidista.
El debate se desarrolla mientras el Congreso sigue estancado en la financiación del año en curso para el DHS, con demócratas exigiendo cambios a las políticas migratorias que los republicanos se niegan a aceptar, en medio de un cierre parcial del gobierno que ya alcanza 49 días.
