La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no ha sido imputada por ningún delito, sino simplemente citada a declarar por la Fiscalía General de la República, una diferencia técnica que desde el PAN se ha intentado presentar como un agravio político y un ataque contra la entidad norteña.
La distinción entre citatorio y acusación
El fuero de la mandataria panista no impide que una autoridad federal la convoque para que aporte información sobre hechos investigados, aunque sí establece ciertas condiciones para un eventual proceso penal en su contra. La reacción oficialista, sin embargo, ha sido transformar este trámite ministerial en una supuesta ofensa hacia «los chihuahuenses», una maniobra que busca convertir la observación del poder en una defensa del pueblo.
La narrativa de la persecución
El problema no radica en que la gobernadora acuda a declarar, acto que sería institucional, sino en que antes de hacerlo decidió instalar una narrativa de persecución política. Esta postura fue replicada por el coro panista, incluyendo al alcalde de Chihuahua, diputados locales y dirigentes, quienes corearon que «Chihuahua no se arrodilla», como si comparecer ante una autoridad federal fuera una humillación y no una obligación republicana.
El tour mediático de Campos en la Ciudad de México, destinado a controlar el relato nacional, terminó generando más interrogantes. Sus declaraciones sobre reuniones con fuerzas de seguridad estadounidenses, apoyos en extradiciones o coordinaciones que rozan competencias federales dejaron frases que, dichas con descuido, pueden sonar más graves que los hechos mismos. En el ámbito de la seguridad binacional, las palabras también dejan huella.
El manual de defensa y la reacción morenista
Detrás de esta estrategia aparece la figura de Roberto Gil Zuarth, operador jurídico y político del panismo calderonista, abogado de perfiles como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y cercano a estructuras que han utilizado el discurso de persecución como herramienta de defensa pública. El manual parece repetirse: victimizarse antes de responder y polarizar antes de aclarar.
Por otro lado, Morena tampoco emerge como un guardián impecable de la legalidad, pues su dirigencia estatal vio una oportunidad política y se sumó rápidamente al expediente. No obstante, el oportunismo de Brighite Granados y sus aliados no exonera a Maru Campos de su obligación de explicar los hechos.
Una estrategia mediática para confundir
La defensa de la gobernadora parece diseñada para crear confusión: hacer creer que ser citada equivale a ser imputada, que solicitarle información es atacarla y que revisar actuaciones oficiales es ofender al estado. Se trata de una estrategia más mediática que jurídica. Cuando la política requiere tanta escenografía para responder una pregunta simple, es motivo para desconfiar.
Chihuahua no se arrodilla por cumplir la ley, sino que se debilita cuando sus gobernantes pretenden que rendir cuentas es una afrenta. Esa es la diferencia que hoy intentan diluir.
