Las redes criminales que han logrado infiltrarse en las alcaldías de Puebla y que han derivado en el encarcelamiento de diversos ediles tienen sus raíces en el periodo conocido como el morenovallismo. Durante la gestión del exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, se consolidó un esquema donde grupos delictivos financiaron campañas electorales a cambio de protección y espacios para diversificar sus actividades ilícitas.
Este fenómeno se basó en un intercambio de favores que permitía a los alcaldes mantener una supuesta lealtad al grupo político de Moreno Valle. Para lograrlo, los ediles debían ceder gran parte de sus presupuestos de obra pública, su operatividad electoral y una parte considerable de las ganancias obtenidas mediante cobros ilegales de actividades delictivas. A cambio, el gobierno estatal les garantizaba una fiscalización de sus cuentas públicas sumamente laxa o simulada.
Financiamiento criminal en las campañas de 2010
El proceso de colusión habría comenzado durante la contienda electoral de 2010. En aquel entonces, el frente opositor liderado por el PAN mostró un despliegue de recursos, propaganda y capacidad de movilización muy superior al del PRI. Se señala que este excedente de fondos provino de grupos criminales de estados como Veracruz, Jalisco y Michoacán, quienes utilizaron empresarios para lavar el dinero destinado a la campaña.
Tras la victoria del morenovallismo, las organizaciones criminales comenzaron a cobrar sus deudas. Los grupos provenientes de Veracruz buscaron asegurar el control del robo de combustible a ductos de Pemex, mientras que los grupos de Jalisco obtuvieron permisos para incursionar en el ‘huachicol’ mediante la contratación de células locales en Puebla para ejecutar los robos.
Diversificación del delito y control territorial
Debido a la presión de las autoridades federales de la época, como Genaro García Luna, las bandas criminales optaron por abandonar el narcotráfico de grandes volúmenes para evitar conflictos con el Cártel de Sinaloa. En su lugar, aprovecharon el territorio poblano para expandirse hacia delitos como la extorsión, el asalto en carreteras y la trata de personas.
Para el año 2014, una disputa violenta entre estas organizaciones llevó a la división del territorio poblano, teniendo como epicentro la zona conocida como el ‘triángulo rojo’. Aunque el periodo del morenovallismo concluyó hace años, las estructuras criminales instaladas desde entonces, sumadas a nuevos grupos como La Barredora y Los Rojos, han mantenido su estrategia de cooptar alcaldes o incluso de buscar el control de las presidencias municipales para asegurar su impunidad.
