Un sondeo realizado por el medio El Debate detectó un fuerte descontento hacia Morena en Sinaloa, donde el 61.3% de los participantes en diversas ciudades manifestó que no votaría por el partido oficialista en las elecciones de 2027. Este levantamiento de opinión, realizado mediante un muestreo no probabilístico entre asistentes a festividades públicas, refleja un clima de malestar que coincide con un periodo de alta inestabilidad en la administración estatal.
Los niveles de rechazo variaron significativamente según la localidad consultada: en Guamúchil alcanzó un 70%, seguido por Los Mochis con 65%, Mazatlán con 62.5%, Culiacán con 56.4% y Guasave con 52.5%. Aunque el ejercicio no constituye una encuesta formal ni un pronóstico electoral, la cifra evidencia la presión que enfrenta el régimen actual ante temas críticos como la inseguridad y la economía.
Inestabilidad en el Gobierno de Sinaloa
El panorama político en el estado se ha visto sacudido por una sucesión de cambios en la gubernatura. En apenas cuatro meses, el mando estatal ha pasado por las manos de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde y, recientemente, Graciela Domínguez Nava, quien asumió el cargo interino tras la licencia de Rocha Moya. Esta última fue designada por el Congreso de Sinaloa con 31 votos a favor y seis en contra.
La llegada de Domínguez Nava ocurre en un contexto de cuestionamientos hacia el anterior titular, tras señalamientos en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que el exgobernador ha negado. La nueva interina enfrenta una agenda urgente marcada por la crisis de seguridad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado.
Movimientos partidistas y el factor seguridad
En medio de esta transición, Morena ha intentado reorganizar sus filas mediante el nombramiento de Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación. Aunque este cargo no representa una candidatura formal, la posición sitúa a Castro en el centro de la estrategia del partido para intentar contener el voto de castigo.
La propia Castro ha reconocido la existencia de este descontento, advirtiendo que el partido debe atender con urgencia la inseguridad y la economía. Si bien las cifras oficiales muestran una reducción del 26.1% en homicidios dolosos durante el primer periodo de 2026, la realidad cotidiana de los ciudadanos sigue marcada por la violencia, con más de 1,351 privaciones ilegales de la libertad registradas por la Fiscalía de Sinaloa en lo que va del año.
Retos para la sucesión de 2027
La contienda electoral de 2027 se perfila como un desafío para la concentración de poder del oficialismo. El debate no solo girará en torno a las candidaturas, sino también al impacto de los programas sociales, que según datos de la coordinación estatal, alcanzan a cerca de 1.2 millones de personas con un presupuesto de 23,500 millones de pesos. No obstante, la capacidad de estos apoyos para asegurar votos dependerá de cómo el gobierno gestione la recuperación económica y la paz social en el estado.
