El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido este jueves en un operativo coordinado por instancias federales, incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y fuerzas de seguridad nacional. El mandatario local, afiliado al partido Morena, enfrenta múltiples denuncias por delitos relacionados con extorsión a empresas cerveceras y tequileras, así como presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Una gestión marcada por la controversia
Diego Rivera asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, y desde sus primeras horas en el gobierno generó polémica al clausurar el Museo Nacional del Tequila, recinto histórico del siglo XIX. Esta acción motivó una denuncia formal por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido al impacto patrimonial del cierre.
Durante su administración, también se intensificaron los requisitos y trámites para las empresas del sector tequilero. Además, según reveló el periodista Jonathan Lomelí en su columna «La Ley de Herodes en Tequila», publicada el 20 de junio de 2025, el alcalde implementó un cobro adicional de 50 pesos por persona a los turistas que utilizaban servicios de transporte turístico. «El impuesto aún no es aprobado por el Congreso local, pero según versiones periodísticas, ya lo cobró en Semana Santa (de 2025)», señaló Lomelí.
Conciertos, censura y acusaciones de apología del delito
El 2 de abril de 2025, Rivera volvió a estar en el centro de la atención al cancelar un concierto de la agrupación Los Alegres del Barranco. Sin embargo, el evento finalmente se llevó a cabo el 4 de mayo. Poco después, el alcalde fue llamado a comparecer ante la Fiscalía estatal, tras difundirse imágenes en las que se mostraba contenido relacionado con Nemesio Oseguera Cárdenas, conocido como ‘El Mencho’, líder del CJNG, lo que derivó en una investigación por apología del delito.
Red de corrupción y acoso político denunciado por regidoras
Además de las acusaciones por extorsión, Rivera Navarro es investigado por presidir una red de corrupción al interior del Ayuntamiento, en la que servidores públicos habrían desviado recursos públicos y exigido pagos indebidos a comerciantes y empresarios locales. Asimismo, enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género, presentada por regidoras del municipio, quienes lo acusaron de acoso e intimidación durante sesiones de cabildo.
«También consideró que había muchos vehículos que ofrecían recorridos turísticos, y decidió cobrarles un impuesto de 50 pesos extra por persona. El impuesto aún no es aprobado por el Congreso local, pero según versiones periodísticas, ya lo cobró en Semana Santa (de 2025)»
La detención del alcalde marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre poder local y estructuras de crimen organizado en regiones clave de Jalisco, emblemáticas por su producción de tequila y su exposición a dinámicas de control territorial.
