Una delegación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), dirigida por John Walk, se trasladó a Puerto Rico para investigar el desembolso irregular de más de 150 millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a personas que ya habían fallecido.
Cooperación interagencial
El grupo, compuesto por investigadores criminales y auditores, sostuvo encuentros la semana pasada con la contralora Carmen Vega Fournier y la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. Walk señaló mediante un comunicado escrito que estas reuniones fueron productivas y resaltaron la importancia de la cooperación entre su oficina, los socios de supervisión y las agencias locales que manejan los fondos federales.
Origen de la investigación
La investigación se activó en abril, cuando Walk anunció que examinaría los hallazgos de un informe de la Contraloría de Puerto Rico. Dicho reporte, que abarca de 2017 a 2024, reveló pagos a 38,618 beneficiarios del PAN que ya no vivían. Walk agradeció públicamente a la contralora Vega Fournier por haber descubierto el asunto, y confirmó que tanto ella como Roig Fuertes están colaborando con la indagatoria.
Acceso a la información y recuperación de fondos
El Departamento de la Familia de Puerto Rico, entidad que administra el programa, concederá a los investigadores acceso a todos sus datos relacionados con el PAN. Este programa canaliza cerca de 3,000 millones de dólares anuales a aproximadamente 1.2 millones de personas en la isla mediante la Tarjeta de la Familia. Walk subrayó que el objetivo es garantizar que la asistencia alimentaria federal llegue solo a los beneficiarios elegibles y no sea malgastada.
Tras la publicación del informe de la Contraloría, el Departamento de la Familia informó que ha logrado recuperar alrededor de 90.3 millones de dólares de los fondos distribuidos de manera irregular durante el periodo en cuestión.
Ampliación a otros estados y contexto político
La Oficina del Inspector General también está revisando si otros diez estados han realizado pagos similares a personas fallecidas, aunque cuatro de esos gobiernos se han negado a proporcionar la información solicitada.
La divulgación del caso coincide con los intentos fallidos de las autoridades puertorriqueñas de persuadir al Congreso estadounidense para que apruebe una transición del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que representaría un aumento de aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales en ayuda alimentaria para el territorio.
