El principio ético «no robar, no mentir, no traicionar al pueblo», ampliamente difundido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta cuestionamientos sobre su aplicación real en la vida pública mexicana, mientras se observa una creciente polarización y prácticas de corrupción en diversos espacios políticos.
De principio a propaganda
La expresión, que inicialmente conectó con la demanda ciudadana de honestidad gubernamental, ha perdido fuerza al percibirse más como un eslogan de propaganda que como una regla de conducta genuina para los funcionarios. En el Senado, la Cámara de Diputados y congresos estatales, los legisladores se dedican a insultos y acusaciones mutuas, dejando de lado problemas urgentes como la inseguridad, la corrupción, la impunidad y las crisis de salud.
La responsabilidad de esta situación no recae en un solo partido. Aunque Morena llegó al poder criticando los excesos del viejo sistema político del PRI y el PAN, varios de sus integrantes ahora replican conductas antes denunciadas, como la opacidad, el culto al liderazgo y la protección política de figuras señaladas por corrupción.
Exigencias de congruencia
La democracia no puede sostenerse en la obediencia ciega o la idolatría a los líderes. Quienes realmente creen en los principios de la llamada Cuarta Transformación deberían ser los primeros en exigir congruencia: si el lema es «no robar», ningún funcionario con señalamientos graves debe recibir protección política; si es «no mentir», los gobiernos deben abandonar la manipulación mediática; y si es «no traicionar», el poder no debe usarse para el enriquecimiento personal o la división social.
Esta misma exigencia aplica para el PRI y el PAN, partidos que durante décadas gobernaron y normalizaron prácticas que hoy critican. Recuperar la autoridad moral requiere más que señalar los errores del adversario.
Confrontación y desilusión ciudadana
En estados como Chihuahua y Sinaloa, la confrontación política se ha vuelto más agresiva, con acusaciones constantes de corrupción y vínculos criminales que circulan en redes sociales y medios, atrapando a la ciudadanía en campañas de odio y desinformación. Mientras los políticos se enfrentan, pocas veces resuelven los problemas reales.
El servicio público exige altura moral, prudencia y ejemplo personal. No se puede pedir honestidad protegiendo la corrupción, hablar de democracia insultando al que piensa distinto, ni exigir respeto al pueblo convirtiendo las tribunas en espectáculos vulgares. México necesita funcionarios con vergüenza, límites éticos y capacidad de reconocer errores.
Principios como obligación universal
Los principios éticos no deberían pertenecer únicamente a Morena ni usarse como armas políticas temporales. Deben ser obligaciones mínimas de cualquier servidor público, sin importar su partido. Cuando un gobernante roba, miente o traiciona, no solo falla él; se quiebra la confianza pública, se debilita la democracia y se lastima la esperanza de millones. Esa decepción ciudadana, tarde o temprano, termina alcanzando a todos los partidos por igual.
