Andrés Atayde, líder del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, criticó el proyecto del gobierno capitalino de instalar casas de gobierno en las 16 alcaldías, al considerar que duplica funciones que ya realizan las autoridades locales y responde a una estrategia política de Morena.
Proyecto duplica esfuerzos, acusa oposición
«El Gobierno de la Ciudad de México quiere poner mini gobiernos, mini edificios en cada una de las 16 demarcaciones; han estado diciendo que es para la simplificación administrativa, para que la gente no tenga que ir hasta el centro de la ciudad…entonces ¿para qué sirven las alcaldías?», cuestionó Atayde.
El panista señaló que, si el objetivo real es acercar servicios a la población, lo adecuado sería aprovechar las oficinas ya existentes en cada alcaldía, lo cual representaría verdadera austeridad. En cambio, advirtió que el nuevo plan implicaría contratar más personal, aumentar la nómina y gastar en rentas o compras de inmuebles.
Centros de movilización política
Atayde afirmó que estas casas de gobierno no responden a una necesidad administrativa, sino a una intención clara de proyección política. «Estás casas de gobierno para quienes viven en los distintos puntos de la ciudad lo vemos como una intención de hacer presencia política, trabajo territorial, cómo ya sabemos que lo hacen con varios programas», subrayó.
Según su análisis, la medida busca consolidar el control territorial y promover los programas sociales del partido en el poder, Morena, en lugar de resolver problemas de acceso a servicios públicos.
Vecinos también se oponen
En zonas como San Ángel Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, habitantes han manifestado su rechazo mediante lonas que denuncian que la instalación de estos centros viola el uso de suelo habitacional.
Legisladores del PAN han presentado estas y otras observaciones en el Congreso local como parte de las «10 red flags» identificadas en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que actualmente está en consulta con vecinos, aunque no todos los afectados son convocados a las reuniones.
