Una mujer de 91 años, identificada como Isabel, recuperó finalmente su vivienda este abril tras haber estado cuatro años sufriendo la ocupación ilegal de cuatro hombres de nacionalidad marroquí, quienes además recibían un subsidio estatal superior a la pensión de la propietaria.
El subsidio y la vulnerabilidad declarada
Según el relato publicado por The Objective, los ocupantes, descritos como ‘amables y vulnerables’, percibían mensualmente 1.309,25 euros en concepto del Ingreso Mínimo Vital, una ‘cantidad acreditada por certificado oficial de la Seguridad Social y superior a la pensión de la propietaria’. Pese a que el alquiler acordado era de 400 euros, los inquilinos optaron por no pagar y, alegando su condición de vulnerables, evitaron un desalojo que tenía sentencia firme desde abril de 2023.
Contraste entre el discurso oficial y la realidad
El caso de Isabel se presenta como un ejemplo de lo que el medio denomina ‘el escudo social del Gobierno’, un grupo de ciudadanos sobre los que recae la responsabilidad de mantener a quienes no pueden acceder a una vivienda debido a la legislación vigente. Esta situación contrasta con las declaraciones de altos funcionarios que han minimizado el fenómeno de la ocupación. Se ha escuchado al presidente Pedro Sánchez calificarlo de ‘bulo’, mientras la ministra de Vivienda ha afirmado que es más probable que te roben el móvil que te ocupen la casa, y el ministro del Interior ha negado que sea algo común.
Desde la coalición Sumar, su coordinadora general, Lara Hernández, también ha sostenido que los okupas ‘no existen’ y que la inquiokupación es un ‘relato’ introducido, a su juicio, por la ultraderecha en su ‘batalla cultural’.
