La falta de una estrategia integral por parte de las administraciones priistas, panistas y morenistas ha dejado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) vulnerable a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ahora mantiene el acuerdo comercial bajo su control al optar por no renovarlo pero tampoco cancelarlo.
Historia de un maltrato institucional
Desde su inicio como el TLCAN en 1994, el tratado fue utilizado por los gobiernos del PRI y el PAN como un salvavidas económico y político, pero nunca fue tratado como un instrumento para fomentar un desarrollo integral y equitativo. Estos gobiernos se conformaron con los beneficios iniciales sin construir la infraestructura necesaria para reducir la dependencia del mercado estadounidense, creando un país de dos velocidades.
René Delgado señala que, lejos de marcar una diferencia, los gobiernos de Morena profundizaron el problema al no calibrar correctamente la relación con un vecino que comenzó a ver a México como una amenaza a su seguridad nacional. La llamada cuarta transformación actuó como si sus acciones no pudieran agravar la situación, emprendiendo obras emblemáticas con viabilidad cuestionable y descuidando áreas clave para la inversión.
Omisiones que debilitan la posición nacional
El análisis destaca que el gobierno morenista, en su ánimo de consolidar el cambio de régimen, no vislumbró el impacto de eliminar o reducir órganos constitucionales autónomos y de impulsar una reforma judicial en las garantías a la inversión. Esto generó incertidumbre jurídica y no envió señales claras de compromiso en el combate a la corrupción y la extorsión, factores que golpean directamente a la economía.
Además, se señala la falta de atención a necesidades críticas como el abasto de gas y agua en zonas de desarrollo, la transmisión de energía eléctrica y la seguridad en las carreteras, elementos esenciales para la actividad económica. Tampoco se avanzó en romper el vínculo entre el crimen y la política.
Consecuencias del doble juego estadounidense
La actual postura de la administración Trump permite al mandatario presumir ante su base el enfrentamiento a un acuerdo que califica como nocivo para Estados Unidos, mientras tranquiliza al empresariado de su país que conoce la importancia del tratado y está interesado en sostenerlo. Esta maniobra posiciona a Trump para imponer condiciones y hacer peticiones durante los dos años que le quedan en la Casa Blanca.
Frente a esto, la reacción oficialista mexicana ha sido minimizar lo ocurrido, argumentando que no hay sorpresa porque ya se conocía la postura de Estados Unidos y sugiriendo que el acuerdo podría rescatarse una vez que Trump abandone el gobierno. Sin embargo, esta actitud no oculta la incapacidad histórica de la clase política mexicana para alcanzar un acuerdo mínimo sobre el destino nacional, más allá de las siglas partidistas.
