La interrogante resonó con fuerza en medio de la campaña electoral en Ayahualulco: —¿Y si gana, qué van a hacer?, lanzó la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, dirigiéndose a quienes apoyaban a Claudia Liliana Castillo Pimentel, entonces candidata de Morena a la presidencia municipal. Más que una duda, la frase encerraba una advertencia cargada de experiencia política y conocimiento del terreno.
El triunfo y sus sombras
El triunfo de Castillo Pimentel puso fin a doce años de dominio priista y familiar en el municipio veracruzano, una victoria simbólica que rompió una larga hegemonía. Sin embargo, a menos de dos meses de asumir el cargo, comienzan a circular voces de inquietud dentro del Palacio Municipal. El poder formal recae en la alcaldesa, pero el ejercicio real del control parece haberse trasladado al secretario del Ayuntamiento, Jorge de la Puente Ruiz.
En los pasillos ya no se habla de acuerdos ni de trabajo colegiado, sino de instrucciones directas y decisiones impuestas desde arriba. Su nombre, más que el de la presidenta municipal, es el que domina las conversaciones. Tanto es así que algunos funcionarios y ciudadanos empiezan a murmurar que “con los Morales no se estaba tan mal”, una frase que refleja el desencanto con la nueva administración.
Del romance político al escrutinio público
El Palacio Municipal, antes sede de gobierno, ahora se percibe como un espacio de prepotencia y decisiones verticales. Pero el malestar no solo proviene de la forma de gobernar. También afloran rumores sobre una relación personal entre la alcaldesa y su secretario, ambos solteros —él divorciado—, lo que evoca patrones ya vistos en otras administraciones donde las alianzas íntimas terminan influyendo en el rumbo del poder.
Este escenario adquiere mayor relevancia al conocerse que De la Puente Ruiz enfrenta un proceso judicial ordinario: su exesposa acudió a los tribunales para exigir el cumplimiento de una pensión alimenticia a favor de sus dos hijos. No se trata de un caso penal, sino de un trámite civil dentro del marco legal, pero en la esfera pública, incluso los asuntos privados de un funcionario adquieren tintes políticos.
—No es chisme. Es contexto.
En la vida política, los expedientes personales no solo se archivan en juzgados, también se interpretan en los pasillos del poder. La transparencia de la vida pública exige que quienes ocupan cargos de responsabilidad entiendan que sus asuntos legales, aunque sean familiares, dejan de ser asuntos exclusivamente privados.
Nepotismo y viejas prácticas
El descontento interno se profundiza con denuncias de nepotismo. Don Edgar, padre de la alcaldesa, fue colocado en Control Vehicular del Ayuntamiento, mientras que el síndico José Donato Luna nombró como chofer a su hijo, Carlos, quien, según versiones locales, apenas se presenta a trabajar entre 15 y 30 minutos diarios. Son prácticas del pasado, disfrazadas con el discurso del cambio.
El contraste entre el mensaje de transformación y la realidad del gobierno genera desconfianza. El cambio prometido parece repetir los vicios que decía combatir. La pregunta inicial regresa con fuerza: —¿Y si gana, qué van a hacer?
La pregunta que aún no se responde
Ganar una elección no equivale a gobernar con legitimidad. Derrocar una estructura de poder no garantiza la construcción de una mejor. Y a veces, el verdadero problema no es quién dejó el cargo, sino quién se quedó… y quién realmente manda.
La respuesta a esa pregunta podría no venir de Ayahualulco. Al parecer, está en manos de un político con pasado priista, cercano a diputados y con influencia en los planes rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030: Paul Martínez Marie. Pero, como se advierte, ésa será historia para otra columna.
