La iniciativa de Reforma Electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados. El respaldo se limitó únicamente a Morena, algunos integrantes del Partido Verde y un diputado del PT, mientras que fuerzas como el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y otras bancadas se alinearon para votar en contra.
Ante el resultado previsible, Sheinbaum justificó su decisión de someter la propuesta a votación con argumentos de índole ética y estratégica: «Cumplí con la gente. Me comprometí a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente, y cumplí«. Además, destacó que el ejercicio permitió exponer públicamente a quienes se opusieron a recortar recursos a partidos e instituciones electorales en un contexto de necesidades sociales urgentes.
El costo político de las estructuras electorales
El gobierno federal sostiene que el gasto en aparatos políticos es desmedido y difícil de justificar ante la ciudadanía. Entre los ejemplos citados figuran los salarios de consejeros del INE superiores al de la propia presidenta, presupuestos inflados en congresos locales y regidores con bonos que elevan sus ingresos mensuales hasta los 500 mil pesos. «Al pueblo de México le parece excesivo«, reiteró Sheinbaum durante su intervención.
Uno de los datos más contundentes presentados fue la comparación entre Baja California y Colima, estados con igual número de diputados locales —25—, pero con una enorme brecha en costos: 34.8 millones de pesos por legislador en Baja California frente a 5.1 millones en Colima.
Los tres pilares del nuevo enfoque legislativo
Tras el rechazo en San Lázaro, la mandataria anunció que enviará una nueva propuesta el próximo lunes, centrada en tres ejes estratégicos. El primero consiste en establecer topes a los presupuestos de los congresos locales, ya sea como porcentaje del gasto estatal o en función de la población, con el ahorro resultante destinado a obras públicas dentro de cada entidad.
El segundo eje apunta a reducir el número de regidores en los municipios, con el ahorro generado quedando directamente en los ayuntamientos para atender servicios básicos como bacheo, drenaje y alumbrado público. «¿Quién puede estar en desacuerdo?«, cuestionó Sheinbaum.
El tercero busca ampliar el alcance de la consulta popular, permitiendo que temas electorales —como los montos asignados a los partidos políticos— puedan someterse a votación ciudadana. Asimismo, se propone flexibilizar los plazos para la revocación de mandato, permitiéndola en el tercer o cuarto año de gobierno, no únicamente en el cuarto como establece la ley actual.
Un ahorro de miles de millones y una señal política clara
La propuesta incluye también al Senado de la República, cuyo costo por legislador supera el promedio nacional, mientras que la Cámara de Diputados ya se encuentra dentro de parámetros aceptables. El ahorro estimado por la administración presidencial ronda los 4 mil millones de pesos, recursos que no serían canalizados a la federación, sino que permanecerían en entidades y municipios para atender necesidades locales.
A pesar del rechazo inicial, el gobierno considera que la movilización del debate representa una victoria simbólica. La oposición quedó expuesta votando contra medidas de austeridad, y el tema seguirá vigente en la agenda nacional. Además, el nuevo enfoque se dirige a niveles de gobierno —estados y municipios— donde Morena tiene mayor capacidad de influencia política.
«Si algo ha demostrado la Cuarta Transformación es que la honestidad da resultados»
Con esta frase, la presidenta cerró su mensaje, anticipando que el Plan B será formalmente presentado en los próximos días. Los cálculos políticos están hechos, pero los votos aún están por definirse.
