El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido recientemente en Ensenada por la Fiscalía General de la República (FGR) bajo acusaciones de pertenecer a una red de delincuencia organizada y tráfico de combustible. Tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como la organización Somos MX han salido en su defensa, calificando la acción como un acto de persecución política y exigiendo su liberación inmediata.
Cuestionan la imparcialidad de la justicia
Las voces críticas sostienen que la captura de Ruffo Appel responde a una estrategia para distraer la atención de los vínculos entre funcionarios del actual gobierno y el crimen organizado. Somos MX denunció que los verdaderos responsables de un desfalco millonario en el país permanecen en la impunidad porque, según su postura, cuentan con el respaldo de actores políticos del partido en el poder.
El PAN, por su parte, ha expresado su respeto al debido proceso y la presunción de inocencia del exmandatario, pero criticó la rapidez con la que la FGR actuó en este caso, en contraste con la falta de avances en otras denuncias contra gobernadores de Morena. Consideran que esto evidencia una aplicación selectiva de la justicia.
Defienden la legalidad de las operaciones
La organización Somos MX calificó la detención como un «atropello inaudito» y defendió la legalidad de las operaciones de Ruffo Appel, asegurando que contaba con todos los permisos vigentes de las autoridades fiscales y administrativas. Señalaron que la única instancia facultada para supervisar el ingreso de combustibles es la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por lo que ponen en duda los fundamentos legales de la aprehensión.
Este episodio se suma a una larga historia de controversias en la política mexicana, donde el uso del sistema judicial como herramienta política ha generado desconfianza en las instituciones y ha avivado el debate sobre la independencia de los poderes.
