La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, presentó su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados, tras verse envuelta en una serie de acusaciones que comprometen la integridad del árbitro electoral en plena organización de los comicios de 2026-2027.
La salida de la funcionaria se produce tras la difusión de graves irregularidades que sugieren un uso indebido de recursos públicos y favoritismos hacia proveedores del Instituto. Entre los señalamientos más críticos se encuentran la vinculación del chofer de la consejera como apoderado legal de una empresa proveedora y la entrega de más de 21 millones de pesos en 2025 a firmas de reciente creación relacionadas con su entorno cercano.
Indicios de colusión y viajes de lujo
El escándalo escaló tras revelarse contratos millonarios con la empresa Cajas Graf, cuyo apoderado, José Alfredo Hernández Casillas, fue captado en videos compartiendo una suite de lujo en París con uno de los hijos de Taddei. A esto se sumaron audios que muestran una relación de excesiva confianza entre la titular del INE y el empresario, lo que pone en duda la imparcialidad de las licitaciones.
Ante estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por posibles delitos de colusión, triangulación de recursos y conflictos de interés. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la renuncia era una decisión personal y que en el INE no debe haber «ninguna sombra de corrupción», el movimiento fue interpretado como una falta de respaldo político ante la presión de partidos como Morena y el PRI.
Un precedente histórico de crisis institucional
La salida de Taddei marca un hito negativo en la historia del organismo electoral, siendo la primera vez que una presidencia cae bajo sospechas de corrupción y tráfico de influencias, diferenciándose de casos anteriores como el de Luis Carlos Ugalde, quien dejó el cargo por decisiones políticas y no por escándalos de enriquecimiento.
A pesar de su dimisión, la responsabilidad legal de la exfuncionaria permanece intacta. La renuncia no detiene las investigaciones de la ASF, del Órgano Interno de Control, ni las posibles acciones ante la Fiscalía Anticorrupción o el juicio político que se vislumbraba desde el oficialismo. La crisis deja al Consejo General con la urgencia de designar un interino mientras el proceso electoral federal se encuentra en marcha.
