El partido Acción Nacional en Chihuahua presentó una impugnación contra el Instituto Estatal Electoral (IEE), argumentando que la autoridad electoral estatal se excedió en sus funciones al fijar las reglas para determinar el género de las candidaturas de los partidos. El PAN sostiene que este acuerdo administrativo vulnera la autonomía de las fuerzas políticas y genera dudas sobre la legalidad del proceso electoral en curso.
La controversia legal surge porque el PAN considera que el IEE sobrepasó sus facultades reglamentarias al establecer disposiciones que van más allá de lo que el Congreso del Estado aprobó, incluyendo los bloques de competitividad. Según el partido, un acuerdo administrativo no tiene la capacidad de desplazar las leyes vigentes ni de usurpar las funciones que le corresponden al Poder Legislativo o a los tribunales.
Defensa de la paridad y legalidad
A pesar de la disputa jurídica, el partido reafirmó su postura de garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. No obstante, el PAN enfatizó que este derecho debe ejercerse bajo un marco de respeto absoluto a la Constitución y a las leyes estatales, evitando que la autoridad electoral imponga criterios que no estén fundamentados legalmente.
El partido señaló que la facultad de reglamentar no otorga al Instituto el poder de modificar el contenido de la ley o de asumir atribuciones que no le pertenecen, lo cual pone en riesgo la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de las elecciones.
Impacto en el calendario electoral
Esta impugnación tiene implicaciones directas para la organización de las próximas elecciones, ya que los partidos políticos necesitan definir sus procesos de selección de candidatos y sus posibles alianzas dentro de los tiempos marcados por el calendario. Ante este escenario, se pidió a la autoridad jurisdiccional una respuesta rápida para evitar retrasos o incertidumbre en las etapas siguientes del proceso.
Finalmente, Acción Nacional reiteró que no permitirá que ninguna determinación del IEE se sitúe por encima de la Constitución o de las leyes aprobadas por el Congreso estatal, defendiendo tanto la participación de las mujeres como el orden constitucional.
