Decisiones administrativas revelan más sobre la verdadera naturaleza de un gobierno que cualquier declaración oficial. En San Luis Potosí, la actuación de la Secretaría del Bienestar respecto al personal médico del programa Salud Casa por Casa ha desnudado un claro incumplimiento de derechos laborales y un desprecio hacia la dignidad de profesionales de la salud que, durante semanas, recorrieron comunidades y colonias cumpliendo con un programa federal mal concebido desde su origen.
Trabajo sin recompensa
A estos médicos se les demandó compromiso, vocación y entrega. Se les pidió caminar miles de viviendas, atender a adultos mayores, levantar censos y sostener con sus manos una política pública que el Gobierno Federal no supo estructurar. Cumplieron con su deber. Sin embargo, tras su esfuerzo, recibieron una negativa al pago. Trabajaron. No cobraron. Simplemente.
La Secretaría del Bienestar no solo falló en su obligación, sino que se deslindó con argumentos técnicos, migraciones de sistemas y explicaciones burocráticas que no alimentan familias ni pagan rentas. Durante semanas, mantuvo en la incertidumbre a personas que son jefas y jefes de familia, profesionales cuya subsistencia depende de su salario. «La vocación no sustituye al sueldo, y la empatía institucional no se demuestra con discursos, sino con depósitos puntuales».
Reconocimiento sin acción
El 4 de febrero, tras denuncias públicas y presión mediática, el delegado del Bienestar en el estado, Guillermo Morales López, admitió el problema. Ofreció disculpas, afirmó que el asunto ya se atiende y prometió una pronta solución. Pero no hubo fechas concretas, ni evidencia tangible, ni garantías reales de que el dinero llegará. «En política pública, reconocer un error sin corregirlo de inmediato no es responsabilidad, es simulación y eso se le da muy bien a la 4T».
El poder que calla
El problema trasciende la delegación. En San Luis Potosí, todo lo relacionado con el Gobierno Federal está bajo la influencia de Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, dirigente estatal de Morena. Su poder político contrasta con su silencio administrativo. Si, como se presume, es la gestora real de los asuntos federales en el estado, resulta incomprensible —o demasiado comprensible— que no haya intervenido, gestionado o siquiera aparecido ante una crisis que pone en evidencia el funcionamiento de la llamada “transformación”. Mucho control, poca gestión.
Un modelo de desprecio laboral
Este caso no es un simple error operativo. Es una muestra del modo en que el poder concibe al trabajador: se le utiliza mientras es útil, se le ignora cuando ya no conviene y se le exige paciencia cuando reclama lo que le pertenece por derecho. En un gobierno que presume poner a los pobres primero, resulta irónico que quienes terminan pagando los errores estructurales sean precisamente trabajadores de la salud, personas que también pertenecen a los sectores más vulnerables.
«El reclamo del personal médico es simple y profundamente justo: reconocimiento, pago y respeto. No aplausos. No promesas. No excusas técnicas. El salario no es un favor, es una obligación legal y moral.»
La factura la pagan los de abajo
En este escenario, donde el amor al trabajo se responde con ingratitud institucional, quienes terminan pagando son los que menos lo merecen. «Por desgracia, amor con ingratitud se paga».
