En el Senado de la República, el dictamen de la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner coto a las llamadas «pensiones doradas» ya está listo para su discusión y votación en comisiones. La propuesta busca establecer un tope a las jubilaciones de altos funcionarios de empresas paraestatales, organismos descentralizados y bancos de desarrollo, reduciendo montos que en algunos casos superan ampliamente el salario promedio nacional.
Reforma constitucional y fin de privilegios
El dictamen, que será votado próximamente por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, ambas presididas por senadores de Morena —Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza—, respalda íntegramente la iniciativa presidencial. Se aclara que, al tratarse de una modificación a la Carta Magna y conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se viola el principio de irretroactividad de la ley.
Esto significa que la reforma sí podrá aplicarse a pensiones ya otorgadas, lo que afectará directamente a ex trabajadores de empresas como Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas jubilaciones alcanzan montos considerados desproporcionados.
Montos desiguales y carga presupuestaria
Según el documento, las pensiones actuales en el sector paraestatal han generado compromisos financieros que «afectan la capacidad financiera de los entes públicos que los sostienen y que, en el largo plazo, pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en detrimento del bienestar colectivo».
Como ejemplo, se cita que el padrón de jubilados de LyFC en liquidación incluye a 14 mil 73 ex trabajadores, a quienes se les paga un total anualizado de casi 29 mil millones de pesos. En promedio, sus percepciones son hasta 140 veces superiores al salario de la población general.
Asimismo, se detalla que Pemex mantiene 22 mil 316 jubilados del régimen de confianza, con un costo anual de aproximadamente 25 mil millones de pesos, donde las pensiones llegan a ser 39 veces más altas que el promedio nacional.
Alcance de la reforma y ahorro para el Estado
La modificación al artículo 127 constitucional limitará las pensiones a un máximo equivalente al 50 por ciento del salario del titular del Ejecutivo federal, lo que representaría una reducción de hasta 70 mil pesos mensuales para quienes actualmente reciben cantidades mucho más elevadas.
La reforma no aplicará a las fuerzas armadas ni al personal sindicalizado y de base, quedando exclusivamente enfocada en altos mandos y funcionarios de confianza del sector público descentralizado.
Los senadores Inzunza y Cantón destacaron que esta medida no solo se alinea con los principios de austeridad republicana, sino que también pone fin a regímenes de privilegio establecidos durante los gobiernos del PAN y el PRI. Se estima que la reforma generará un ahorro anual de 5 mil millones de pesos para las finanzas públicas.
