Un estudio realizado por el Instituto del Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico determinó que la pérdida repentina de ayudas gubernamentales cuando las personas consiguen empleo formal actúa como un desincentivo para la integración laboral, empujando a muchos hacia la economía informal.
Diseño de programas que limitan la movilidad
El análisis, publicado el 6 de mayo de 2026, señala que los programas de asistencia como el de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas (TANF-C), el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el Plan Vital y Vivienda Pública no están concebidos para promover la movilidad económica de las familias. La investigación encontró que incrementos modestos en los ingresos pueden generar reducciones «desproporcionadas» en los beneficios, a veces mayores que el dinero adicional ganado.
Sarah Vázquez Pérez, directora ejecutiva del Instituto, comentó que el sistema actual necesita una revisión:
«No se trata de falta de ganas, de no querer trabajar, no es falta de esfuerzo. Es que el sistema, como está diseñado en este momento, hay que revisitarlo… Cuando el ingreso por trabajo no es suficiente, avanzar implica riesgos y estamos limitando la movilidad económica de las familias»
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Ejemplos concretos de la ‘caída abrupta’
El concepto central del estudio es la «caída abrupta de beneficios», que ocurre cuando un aumento salarial provoca la pérdida de apoyos sociales y el valor de lo perdido supera al nuevo ingreso. El programa TANF-C presentó el caso más extremo, ya que el beneficio completo se elimina al superar ingresos mensuales de $1,400.
Por otro lado, el PAN fue destacado como el mejor ejemplo de cómo diseñar programas para reducir este efecto negativo, mediante una transición de 24 meses para ingresar al mercado laboral, reducciones graduales de beneficios y deducciones mayores a los ingresos.
Impacto emocional y propuestas de cambio
En grupos focales, principalmente con madres, surgieron palabras como «miedo», «estancadas» y la sensación de que el gobierno «penaliza» por trabajar. Ciení Rodríguez Troche, exsecretaria del Departamento de la Familia, advirtió sobre el riesgo de perpetuar un ciclo de pobreza.
El estudio, que recuerda que el 52% de los niños en Puerto Rico vive en pobreza, incluye una serie de recomendaciones. Entre ellas se encuentran promover la transparencia en la información sobre elegibilidad, mejorar el servicio al cliente, establecer períodos de gracia claros, emular el modelo del PAN y desarrollar una coordinación interagencial formal.
Estela Reyes Rodríguez, directora de abogacía del Instituto, enfatizó que el primer paso es aceptar que la caída abrupta de beneficios es un problema prioritario para el país.
