Por primera vez desde 2018, los fondos asignados a las jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrentan una reducción en su presupuesto, lo que ha generado alarma entre especialistas en políticas sociales y financieras.
Cambio en la prioridad del gasto público
El gobierno federal planea destinar 2.3 billones de pesos para el financiamiento de pensiones y esquemas de retiro durante 2026. Sin embargo, mientras las pensiones contributivas del IMSS e ISSSTE retroceden, los programas no contributivos gestionados por la Secretaría de Bienestar experimentan un fuerte impulso.
Estos últimos verán un crecimiento total del 13.5%, concentrando 619,703 millones de pesos, con énfasis en iniciativas dirigidas a mujeres y personas con discapacidad.
Desigualdad creciente en el apoyo a adultos mayores
Uno de los programas con mayor expansión es la Pensión Mujer Bienestar, orientada a mujeres de entre 60 y 64 años, cuyo financiamiento se eleva en 266% y amplía su cobertura a 3 millones de beneficiarias. Asimismo, la Pensión para Adultos Mayores tendrá un alza del 5.2%, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad aumentará 20.8%.
En contraste, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) reveló que los montos para el IMSS y el ISSSTE registrarán descensos del 2.5% y 2.3% respectivamente, una caída histórica si se compara con los incrementos promedio del 8.5% observados desde 2018.
Preocupación por la sostenibilidad y equidad
El presupuesto destinado a las pensiones contributivas tendrá un incremento mínimo del 0.05%, pese a que el número de pensionados crece a una tasa anual de alrededor del 3%. Hasta julio de 2025, la Secretaría de Hacienda reportó un aumento real del 6.6% anual en estas prestaciones, lo que contrasta con la proyección para 2026.
«Las pensiones deben ajustarse al ritmo de la inflación y a la creciente expectativa de vida», señalan expertos, quienes advierten que el presupuesto propuesto podría no ser suficiente para cubrir las necesidades reales de la población jubilada.
«Las pensiones deben ajustarse al ritmo de la inflación y a la creciente expectativa de vida»
El CIEP subraya que la brecha entre el crecimiento de las pensiones contributivas y las no contributivas podría profundizar desigualdades y generar tensiones sociales. Además, se destaca el riesgo de un desequilibrio estructural en el sistema, que comprometa tanto la protección social como la sostenibilidad financiera a largo plazo.
