La Cámara de Diputados avaló la modificación del artículo 127 de la Constitución para fijar un tope máximo a las pensiones financiadas con recursos del erario. La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca eliminar los montos exorbitantes percibidos por algunos jubilados de empresas públicas, denominados ‘pensiones doradas’. Tras su aprobación, la reforma será enviada a los congresos locales para su ratificación.
Detalles de la nueva regulación
El límite establecido equivale al 50 por ciento de la remuneración mensual neta del titular del Ejecutivo Federal. Para el año fiscal en curso, se estima que esta cifra alcanzará aproximadamente 70 mil pesos mensuales. El dictamen argumenta que esta acción responde a una situación de desigualdad social, donde ciertos exfuncionarios reciben sumas muy superiores al promedio nacional.
Posturas a favor y en contra
Legisladores del partido Morena defendieron la iniciativa, describiéndola como una corrección a una ‘injusticia histórica’ y un paso hacia la austeridad republicana. Señalaron que numerosas pensiones elevadas fueron resultado de acuerdos discrecionales y favores políticos. Financieramente, se busca dar viabilidad al sistema, dado que el gasto en pensiones consume casi la quinta parte del presupuesto público total.
Por otro lado, la oposición y grupos de trabajadores manifestaron su preocupación por la posible aplicación retroactiva de la ley, calificándola de ‘bomba ilegal’ que podría vulnerar derechos adquiridos y la seguridad jurídica. Diputados del PAN y el PRI criticaron que la reforma sea selectiva, ya que excluye al régimen de las Fuerzas Armadas y no afecta las pensiones de exministros de la Suprema Corte de Justicia.
Manifestaciones y próximos pasos
Fuera del recinto legislativo, alrededor de 200 jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y de la extinta Luz y Fuerza del Centro realizaron una protesta que derivó en enfrentamientos. Los manifestantes denunciaron que la reforma reducirá sus ingresos hasta en un 50 por ciento y afectará su patrimonio. A pesar de las 119 reservas presentadas por diversos grupos parlamentarios, el bloque mayoritario no admitió modificaciones al dictamen.
El siguiente paso para que la reforma entre en vigor es su ratificación por parte de los congresos estatales. Este proceso es fundamental para que la medida se convierta en un eje de la política de gasto de la actual administración federal, generando un amplio debate sobre justicia social y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México.
