La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años de cárcel para la diseñadora Kina Fernández, su esposo, sus dos hijas y un asesor financiero, tras ser señalados por un presunto alzamiento de bienes derivado del concurso de la empresa Volvoreta. Además de la privación de la libertad, el Ministerio Público exige un pago de 2 millones de euros como indemnización a los acreedores, entre los que destaca la Hacienda pública.
El juicio se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de A Coruña del 13 al 15 de octubre. La acusación sostiene que los implicados ejecutaron una serie de maniobras para evadir sus compromisos financieros tras la quiebra de la firma textil Volvoreta, la cual ya había sido declarada culpable de concurso en años anteriores.
Estrategia de insolvencia y desvío de recursos
Según el escrito de la Fiscalía, el matrimonio administró la compañía de tal forma que, entre 2010 y 2013, implementaron acciones para simular una insolvencia y así no cumplir con los pagos acordados. Para lograrlo, habrían utilizado empresas a nombre de sus hijas —como Vidalbugaba SL, Kaefe Madrid SL, Galitex, Ruarel SL y Rafflesia— para desviar la facturación y la actividad comercial de la empresa principal.
El esquema de fraude incluía la ocupación de locales comerciales por parte de las nuevas empresas sin pagar traspasos, además de la entrega de mercancía sin facturación para provocar una «desaparición de existencias». La Fiscalía advirtió sobre la magnitud del desfalco:
«Lo que se produce con este actuar es una desviación de toda la actividad de Volvoreta mediante la cesión de tiendas a terceras entidades y de la actividad mercantil»
Desaparición de inventario y activos inmobiliarios
Uno de los puntos más graves del caso es la reducción drástica del inventario. En abril de 2011, la empresa contaba con más de 20,000 prendas valuadas en cerca de 2 millones de euros; sin embargo, para mayo de 2014, tras el incumplimiento del convenio, solo se contabilizaron 1,603 prendas, sin que se conozca el destino del resto de la mercancía.
De igual manera, se les acusa de haber movido su patrimonio personal, incluyendo una vivienda de 400,000 euros, garajes y otros activos, hacia la sociedad Galitex para protegerlos de los acreedores. Desde el año 2011, los acusados no han realizado pagos a la Seguridad Social ni a la Agencia Tributaria. Por estos motivos, se busca no solo la cárcel, sino también la nulidad de todos los actos fraudulentos realizados mediante escrituras públicas.
