El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó sanciones que superan los 37 millones de pesos a diversas agrupaciones políticas tras detectarse casos de ciudadanos inscritos en sus padrones sin su autorización. Esta medida surge como respuesta al aumento de denuncias ciudadanas que señalan haber sido registrados como militantes de forma arbitraria y sin consentimiento previo.
Durante la sesión celebrada el pasado jueves, la carga de las sanciones recayó principalmente en Morena, al que se le impuso una multa de 36.9 millones de pesos. El Partido del Trabajo (PT) recibió una sanción de 133 mil 202 pesos, mientras que el Partido Verde fue multado con 70 mil 337 pesos. Estas penalizaciones se derivan de la detección de 249 personas afiliadas sin que las organizaciones políticas pudieran comprobar que existiera una solicitud formal de incorporación por parte de los ciudadanos.
Crecimiento en las denuncias por irregularidades
La magnitud del problema es evidente al comparar las cifras históricas. Mientras que en 2018 se registraron apenas 64 quejas por este concepto, el informe de Quejas y Denuncias del periodo de enero al 20 de septiembre de 2026 revela un salto alarmante a 1,362 reportes de afiliaciones indebidas. En este contexto, Marco Baños, representante de Somos ante el organismo electoral, señaló que Morena acumula un total de 70.4 millones de pesos en multas relacionadas con este fenómeno entre finales de 2025 y octubre de 2026.
Cabe recordar que en 2019 el INE había exigido a los partidos limpiar sus padrones, proceso que en 2021 resultó en la baja de 10.6 millones de registros, donde el PRI y el PRD fueron los partidos con mayor número de cancelaciones, con 4.9 y 3.7 millones respectivamente.
Corrupción y posibles extorsiones en el proceso
Más allá de la práctica de rellenar padrones de forma arbitraria, diversas fuerzas políticas han señalado que este problema también involucra conductas corruptas. Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, expuso una modalidad donde se condicionaba el empleo de capacitadores o supervisores electorales a la interposición de denuncias por afiliación indebida contra su propio partido.
Asimismo, se han reportado casos donde ciudadanos supuestamente amagan a las organizaciones con presentar quejas si no reciben dinero, lo que se interpreta como una forma de extorsión, dado que los montos exigidos suelen ser menores a las multas impuestas por la autoridad. Ante este panorama, el consejero Martín Faz pidió un reporte histórico desde 2019 para evaluar el crecimiento de esta práctica.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), el dinero recaudado por estas multas debe ser transferido a la Tesorería de la Federación para ser destinado al Secithti, con fines de investigación y becas. Entre 2014 y 2021, el INE reportó la entrega de 2,587 millones de pesos provenientes de diversas sanciones electorales.
