La administración de Ricardo Moreno Bastida enfrenta un panorama crítico que podría costarle la gubernatura de Toluca a Morena. El desgaste social provocado por la percepción de corrupción, soberbia y excesos en su gestión pone en duda cualquier posibilidad de reelección para el actual alcalde, según señalan diversos sectores ante el creciente hartazgo de la ciudadanía.
A este escenario de inestabilidad política se suma una alarmante sensación de inseguridad en la capital mexiquense. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi para este 2026 revelan que el 71% de los habitantes de Toluca percibe un entorno inseguro, manteniendo a la ciudad entre los centros urbanos con mayores índices de riesgo a nivel nacional.
Sombras de una gestión pasada
La actual administración de Moreno Bastida ha sido comparada con el periodo de Juan Rodolfo Sánchez Gómez (2019-2021), debido a la descomposición interna de su equipo y los niveles de corrupción. Cabe señalar que el actual alcalde fungió como secretario del Ayuntamiento durante la gestión de Sánchez Gómez, la cual dejó un legado de crisis financiera, investigaciones por desvío de recursos y malversación de fondos.
Este historial de irregularidades financieras parece repetirse en el actual gobierno morenista, lo que alimenta las comparaciones con el trienio anterior que terminó en derrota electoral para la continuidad de ese proyecto político frente al PRI.
Irregularidades en el proceso electoral
Por otro lado, se han reportado conductas cuestionables en el preproceso electoral de 2027 en el Estado de México. En Atizapán de Zaragoza, un aspirante del Partido Verde (PVEM) generó controversia al solicitar una calcomanía a cambio de la credencial del INE, un hecho que evidencia la falta de rigor y la posible complacencia del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Reportes de seguridad estatal
En un contexto distinto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó durante la Mesa de Paz que la estrategia del Mando Unificado Oriente ha logrado reducir los delitos en 15 municipios. Según la mandataria, tras 545 días de implementación, los homicidios dolosos bajaron un 36% y el robo de vehículos un 53% en comparación con el periodo anterior.
