La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta un debilitamiento crítico en su función de contrapeso y defensa de la Constitución, según advierten diversos especialistas. El máximo tribunal ha visto mermada casi totalmente la herramienta clave que le otorgó la reforma judicial de 1995 para frenar leyes federales, lo que pone en riesgo su papel como garante constitucional frente al poder político.
Las cifras reflejan esta pérdida de facultades: durante 2025 y lo que va de 2026, el tribunal únicamente ha recibido tres acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales. De estas, dos fueron desechadas y solo una permanece en trámite, la cual fue interpuesta por el PRI en julio para cuestionar la reforma sobre integridad de candidaturas.
Concentración de poder y falta de impugnaciones
Este escenario permite que la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum avance sin el escrutinio que anteriormente servía de freno. La situación actual contrasta drásticamente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que la mayoría de las reformas de gran impacto, como el Plan B de la reforma electoral o el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, fueron impugnadas y gran parte de ellas terminaron siendo anuladas por la Corte.
De acuerdo con los expertos, este fenómeno no solo se debe a que los actuales ministros llegaron a sus cargos con el impulso de Morena, sino también al control absoluto que el partido y sus aliados mantienen en las dos cámaras del Congreso. Al ser estos actores, junto con la FGR y la CNDH, quienes tienen la facultad de presentar recursos, el dominio legislativo del oficialismo deja a la Corte sin mecanismos de revisión efectivos.
