El panorama político en el Estado de México se ve empañado por un descontrol de gastos de quienes buscan posiciones de poder para 2027. Diversos aspirantes están realizando inversiones millonarias para ganar el favor de las dirigencias partidistas, utilizando recursos cuya procedencia resulta altamente cuestionable.
Existe la sospecha de que estos fondos provienen de fortunas amasadas durante gestiones previas en gobiernos municipales, estatales o federales. Lo que estos personajes consideran una inversión para su futuro político, podría ser el resultado de la dilapidación de recursos públicos obtenidos mediante prácticas ilícitas.
Falta de fiscalización y ambición política
A pesar de las restricciones para la promoción de candidaturas, los actores políticos han encontrado vacíos legales en el Instituto Electoral del Estado de México para generar ruido mediático sin enfrentar auditorías. Mientras los partidos mantienen una incertidumbre constante sobre la elección de sus coordinadores, los aspirantes avanzan con una confianza que ignora incluso los señalamientos de corrupción que cargan en su historial.
Esta situación evidencia un debilitamiento de la rendición de cuentas, donde la carrera por el poder parece estar supeditada a la capacidad de gasto de personajes que han aprovechado su paso por la administración pública para financiar sus ambiciones personales.
Compromisos de integridad en el Poder Judicial
En un intento por contrarrestar la percepción de corrupción, los titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) suscribieron el pronunciamiento “Cero Tolerancia a la Corrupción y Cohecho”. El objetivo declarado es intentar recuperar la confianza ciudadana en la justicia mexiquense.
El magistrado Héctor Macedo García, presidente del TSJEM, señaló que el documento busca que cualquier falta administrativa o delito sea perseguido por las autoridades. Macedo García advirtió que la corrupción no solo implica sobornos, sino también el maltrato a empleados, retrasos en procesos y el uso indebido de recursos públicos.
Por su parte, Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, afirmó que este compromiso debe generar resultados que la gente pueda medir, alineándose con los planes institucionales para el periodo 2025-2027.
Reportes de seguridad y salud en la entidad
En el ámbito de seguridad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó durante la Mesa de Paz que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el secuestro en el Estado de México bajó un 48% entre enero y septiembre de 2026 en comparación con el año anterior. Gómez Álvarez también destacó una reducción del 26% en delitos de alto impacto y del 37% en robo de vehículos.
Finalmente, en materia social, Paty Arévalo, presidenta honoraria del DIF de Atizapán de Zaragoza, realizó una jornada de salud para la detección de cáncer de mama, donde se entregaron 60 prótesis externas a mujeres afectadas por la enfermedad.