Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) han convocado a una movilización denominada «megamarcha contra narcogobierno de Morena», en un intento por reactivar sus bases ante la actual administración federal. La iniciativa, que busca aglutinar a figuras como Fox, Anaya, Romero, Creel y Zavala, entre otros, es calificada por críticos como un movimiento de cuadros que carecen de un respaldo popular significativo.
Implicaciones judiciales y política interna
En el ámbito judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) procedió con el traslado de César Jáuregui al penal de El Altiplano, luego de que la fiscalía estatal en Chihuahua le concediera libertad condicional bajo cargos de «ejercicio ilegal del servicio público y coalición». No obstante, la intervención de la funcionaria Ernestina Godoy derivó en un nuevo cargo por «traición a la patria» vinculado al caso de agentes de la CIA, lo que asegura su permanencia en prisión.
Paralelamente, la dinámica interna del PAN muestra movimientos que buscan asegurar posiciones políticas. Se ha mencionado la intención de Jorge Zorrilla de ofrecer un espacio plurinominal a Cabeza de Vaca, quien presuntamente busca obtener un fuero mediante una candidatura a diputación federal.
Expansión educativa en la Ciudad de México
En contraste con la movilización opositora, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un proyecto para la creación de la ENES Suroriente de la UNAM. Este nuevo plantel, que contará con capacidad para 20 mil alumnos, será construido por el Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la UNAM se responsabilizará de su equipamiento y gestión operativa.
El objetivo de esta infraestructura es reducir la desigualdad en las periferias de la capital, evitando que los estudiantes de la zona suroriente tengan que desplazarse largas distancias para acceder a la educación superior. Este esfuerzo se enmarca en un plan que incluye becas de transporte para 200 mil universitarios y la construcción de más instituciones educativas en zonas marginadas.
Desde la administración local, se contrastó esta política con el modelo de gestión educativa en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha implementado recortes presupuestarios en la educación pública, marcando una diferencia con el enfoque de inversión en derechos sociales que se busca implementar en la Ciudad de México.
